Por Felipe Jaramillo
Director del Banco Mundial para Centroamérica
La batalla contra la criminalidad y la violencia en Centroamérica esta al centro del debate regional. En algunos casos, como en Honduras, El Salvador y Guatemala esto es debido a tasas de crimen que están entre las más altas de la región Latinoamericana. En otros casos, Nicaragua, Costa Rica, o Panamá, donde las tasas de crimen son afortunadamente más bajas, el motivo es el aumento marcado del crimen en los últimos años. Esta batalla que no es tarea fácil o de corto plazo, aparece como el principal obstáculo al desarrollo económico y además se convierte en un factor de disolución del entramado social, golpeando a comunidades enteras y sus familias.
Según un reciente estudio del Banco Mundial los tres grandes factores que generan el nivel generalizado de violencia son: el tráfico de drogas (la violencia aumenta en 100 por ciento en las zonas neurálgicas), la violencia juvenil asociada a las 900 maras que operan en la región, y la disponibilidad de armas de fuego (4,5 millones de armas pequeñas).
Aun así, parece ser el narcotráfico el principal elemento detrás de los altos niveles de inseguridad, y en este sentido, los gobiernos se enfrentan a una batalla frente a la que no pueden actuar solos. Es imprescindible la cooperación no solo entre los países centroamericanos pero fundamentalmente con Estados Unidos, como recientemente lo reconoció el propio Presidente Barack Obama en su visita oficial a El Salvador.
Parafraseando al Presidente salvadoreño, Mauricio Funes, no basta fortalecer las policías, construir más cárceles, aprobar leyes más drásticas o poner al ejército a realizar tareas de seguridad pública, si no se asegura un ingreso mínimo a los ciudadanos y el acceso a bienes públicos, como salud y educación.
Brindar opciones de educación y trabajo a una juventud bombardeada culturalmente por el culto a la violencia es el mejor antídoto ante la criminalidad.
Es que con tasas de homicidios del 1 por mil en aéreas de la región, el nivel de violencia ya se asemeja al periodo de los ochenta cuando la región atravesaba el momento más álgido de varias guerras civiles y supera los índices de violencia de todo el resto de los países de América Latina y el Caribe.
Si bien la población de Centroamérica se equipara a la de España, mientras el país europeo registró a mediados de la década menos de una muerte por homicidio por día, la cifra en Centroamérica se multiplica por 40.
Todas las encuestas de opinión coinciden en que más del 70 por ciento de la población centroamericana percibe la criminalidad como el problema principal que frena el progreso de sus sociedades. Esto es más importante aun en tiempos donde la crisis económica internacional ha golpeado fuertemente a la región que depende comercialmente de sus lazos con Estados Unidos. Según el informe, un 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional se pierde en función de los costos ocasionados por el crimen y la violencia.
La ola de criminalidad debilita las perspectivas de progreso económico, no solamente por los salarios perdidos, sino porque contamina el clima de las inversiones y desvía los escasos recursos gubernamentales para fortalecer la aplicación de justicia en lugar de concentrar todos los esfuerzos en promover la actividad económica y la equidad social.
Sería entonces más rentable, utilizar los escasos fondos disponibles para la reducción de la violencia, si se los destina a esfuerzos de prevención de la misma, a mitigar el daño generado por las drogas, al fortalecimiento de los sistemas judiciales, a limitar la disponibilidad de armas de fuego y proporcionar alternativas significativas de educación y trabajo para la juventud en riesgo.
