Por Víctor Hugo Álvarez
Hay una afluencia inusitada en los titulares de la prensa nacional sobre el problema que la ciudanía desea mantener vigente, mientras unos pocos desean palidecer con grandes campañas que magnifican la leve disminución de la violencia en el país y levanta aplausos mediáticos a favor de las operaciones conjuntas que realizan el ejército y la policía a las cuales les ponen nombres rimbombantes que en vez de aplacar como que avivan la tormenta.
Día a día salen a luz informaciones sobre cambios en la policía, tanto de oficiales como de agentes, que han sido detenidos, destituidos, rotados, puestos a las órdenes de la Fiscalía o los cuerpos de investigación o simplemente que curiosamente se han “fugado” a plena luz del día, pero el auténtico problema no se aborda.
La policía hondureña, con más de cien años de existencia, desde mediados del siglo pasado ha sido más un instrumento político que de garantía a la seguridad ciudadana, a sus bienes, al patrimonio nacional. Pese a la profesionalización de sus mandos, quienes han estado al frente de esa institución la han sesgado a hacia la defensa de interés, propiedades y bienes individuales o la han utilizado como escalera para satisfacer sus ambiciones de riqueza o de poder.
El lenguaje común de oficiales y agentes de línea han sido epítetos repetidos cuando se les interroga sobre una detención arbitraria o la muerte de ciudadanos: “Es un ajuste de cuentas”, “son luchas internas del crimen organizado”, “peleaban posicionamiento de territorios”, “son sediciosos” y lo peor; “son o eran conspiradores y guerrilleros”. Presunciones, contaminación de la escena del crimen y un largo etcétera
En esta etapa de crisis de la institución llamada a salvaguardar vidas y bienes de la población, muchos criterios han aflorado sobre la politización de la policía y su ineficacia en brindar a la ciudadanía la seguridad que se merece. Un ejemplo claro de ellos, son las recientes declaraciones del Comisionado Héctor Suazo a un semanario capitalino cuando afirmó: “muchos políticos han levantado perfil a costas de la policía y uno de los peores errores que pueda cometer un presidente de la República es nombrar como Ministro de Seguridad a un ciudadano que tiene aspiraciones políticas”.
Más claro no canta un gallo, ni puede haber mayor transparencia en las causas que provocaron la caída del flamante ex ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, quien muchas veces escondió el problema de la institución y se dedicó al arte escénico con actuaciones dignas de las peores producciones fílmicas de Hollywood.
Nadie desconoce ya la corrupción, la criminalidad y la impunidad que se esconden en la institución policial, es por ello que la ciudadanía indefensa ha perdido el temor y ahora denuncia hechos cuyos autores materiales son agentes u oficiales. La valiente actitud que asume la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, tras el asesinato de su hijo y un compañero del joven, se convierten en el referente que disipa los temores y permite destapar las arbitrariedades, a sus autores intelectuales y materiales.
Claro esta que la purulencia que emana del problema al interior de la policía no es el cáncer en sí, sino la consecuencia de problema del Estado mismo y de la corrupción que campea a muchos niveles. Todas las instituciones encargadas de velar por la aplicación de la justicia y garantizar el bienestar de la ciudadanía están salpicadas de corrupción, componendas políticas o indiferencia calculada.
El tema de la seguridad esta politizado y más de algún aspirante político busca sacar provecho de la crisis asumiendo funciones que no le pertenecen ni tampoco son las que se necesitan, pues además de cosméticas rayan en lo circense.
Por ahora el problema de la inseguridad es el que se torna más sensible entre la población, pero si hay que aplicar el bisturí y comenzar el saneamiento, debe hacerse desde la raíz del mal que nos aqueja y dirigir la mirada hacia todas las instituciones estatales. Por lo pronto, lo urgente es intervenir, despolitizar y sanear la policía y que sean los mejores ciudadanos sobre los cuales recaiga esa responsabilidad.
