La Conformación de la Comisión de Reforma a la Seguridad que
estará integrada por cinco miembros, tres nacionales y dos internacionales, no
sólo representa un paso en firme para indagar a los organismos operadores de
justicia, sino que genera una confianza moderada en los distintos sectores del
país que no pierden la esperanza en que pronto habrá resultados en las
indagaciones que realicen los comisionados, como un paso previo para que
comience a ejecutarse la justicia en Honduras.
Tres de los
cinco miembros, Víctor Meza, Matías Fúnes y Jorge Omar Casco son hondureños
probados en la academia y en la investigación de las causas que por siglos han
generado pobreza, exclusión y enriquecimiento ilícito en el país.
La experiencia
acumulada, sobre todo en el caso de Víctor Meza y Matías Fúnes, en el estudio
constante de la realidad hondureña, centroamericana y mundial son una fuente de
garantía, pero lo es más su impoluta trayectoria y en el caso de Víctor Meza,
su personalidad tenaz en la rigurosidad del análisis científico de los
acontecimientos refuerza la Comisión.
Jorge Omar Casco, un prestigiado abogado
conocedor del fuero y del foro hondureño
lleva consigo el haber sido rector de la Universidad Nacional y miembro de la
Comisión de la Verdad que investigó los hechos antes, durante y después del
golpe de estado de junio de 2009, aunque
las recomendaciones emanadas de
esa Comisión son inquilinas prominentes
del limbo.
Pero más allá de las consideraciones
sobre los comisionados y sus altos quilates, hay dos aristas que pueden
derrumbar sus aspiraciones. Una es de tipo político maquillada con arreboles
con olor a presupuesto y la otra de
seguridad personal de ellos.
Una de las estrategias clásicas en la
historia de las comisiones hondureñas son las calculadas limitaciones
presupuestarias. El ejemplo más fresco, entre otras causas aún no esclarecidas,
es la renuncia del abogado Óscar Manuel Arita de la Dirección de Evaluación e Investigación de la
Carrera Policial, DIECP. Curioso que al día siguiente de esa dimisión se
asignara el presupuesto solicitado.
Fondos hay y existen los reglones en el
Presupuesto Nacional para fortalecer económicamente a los investigadores recién nombrados, aunque
esas asignaciones estén dispersas en varias planillas y, además, por ser la
seguridad y la depuración de la policía un tema de interés nacional no se puede
pichicatear centaveando un presupuesto
para la Comisión de Reforma y Seguridad.
Deben desaparecer los
intereses políticos que ensombrecen estas investigaciones como también deben
anularse los propósitos mercantilistas de los que se amparan en la impunidad
para seguir haciendo fechorías en contra de la vida y la tranquilidad de los
hondureños. Lo malabares y el cálculo
político no pueden atemorizar la ansiada
indagación y sus resultados.
El otro punto álgido es
brindar la seguridad requerida a los comisionados, a sus vidas y las de sus
familias, porque los intereses que tocarán podrían desatar acciones inescrupulosas y los pone en
peligro. Es tiempo ya para dejar atrás las amenazas y someterse a la investigación.
No cabe duda que de ese peligro están conscientes los miembros de la Comisión y
ellos exigirán las medidas pertinentes
que garanticen su seguridad.
Dentro de estas perspectivas
se agiganta la esperanza en los resultados de la Comisión, los cuales deben ser
rápidos para ampliar esa confianza. Dilatar, encubrir y postergar, por lo
álgido del problema, son verbos que no
se deben conjugar en estos momentos.
Las denuncias están
planteadas y los miembros de la Comisión tienen la tarea de verificarlas y
tomar acciones si se comprueban las acciones de los denunciados. El marco legal
que le da vida a esta junta es amplio y le concede a los elegidos unas funciones holgadas,
incluso para crear nuevas comisiones ad hoc que refuercen su tarea.
Es más, la integración de la
Comisión es un aceptar implícito que tanto la Policía,
la Fiscalía y el Poder Judicial no han cumplido las funciones para las cuales
fueron creadas. Ejemplo innegable de ello es que no se conocen los
autores intelectuales de la corrupción, la violencia y el narcotráfico y otros
delitos lo que hace campear la impunidad.
La vulnerabilidad de esas instituciones se acrecenta por los intereses políticos
y económicos en juego e influencias ante
las cuales los comisionados deben estar
vacunados.
El pueblo hondureño espera
resultados pues el dolor de las víctimas de los delitos contra la vida, los
derechos humanos y la transparencia se
torna inaguantable. Hay que esperar y
tener confianza, pero la espera no significa bajar la guardia y callar las
denuncias.
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