Tropezones

Por Víctor Hugo Álvarez

La decisión del presidente Porfirio Lobo  de no sancionar la ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública, también llamada “Ley hipoteca”,  es una clara señal que la aprobación de esa legislación no contó con el respaldo de todos los diputados y mucho menos con el apoyo de las organizaciones del país y del pueblo hondureño en general.

Aunque  muchos sectores han visto como loable la acción del  presidente Porfirio Lobo,   esa actitud deja un sabor agridulce entre el pueblo hondureño porque el fundamento de su decisión  para  no sancionar la ley  es muy subjetivo y resalta que los intereses del pueblo  quedaron soterrados.

El mandatario arguyó  que no sancionaría la  denominada Ley hipoteca, para no afectar la campaña del candidato de su partido y no precisamente porque con esa legislación se dejaban al vaivén  de los mejores postores los invaluables recursos del país que son patrimonio único del pueblo hondureño.

 El argumento para  la formulación, discusión y aprobación de esa ley fue  que mediante esta iniciativa se podrían ofrecer a inversionistas recursos ociosos en materia de energía, telecomunicaciones y recursos naturales, entre otros, para hacerle frente a los compromisos que representa el pago de la deuda interna, la cual se estima en unos 60 mil millones de lempiras,  de acuerdo a informes oficiales de la  Secretaría de Finanzas.

Es obvio entonces que los esfuerzos gubernamentales de paliar esa deuda con los llamados Bonos Soberanos tampoco dieron resultado, pues la banca nacional se negó a aceptarlos y hubo alharaca sobre posible colocación de los mismos en el mercado internacional, pero hasta ahí. Todo fue una nube viajera.

Sobre la ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública, las cosas  aparecen ahora como un acto juzgado en donde don Pepe Lobo, no hará nada más y la legislación dormirá unos meses para,  supuestamente,  ser retomada por el próximo gobierno.  Lobo  sentenció que los nuevos inquilinos  de la Casa Presidencial a partir de enero de 2014, no podrán obviar el tema y tendrán que sancionarla.

Dos cosas se desprenden de la decisión presidencial, una que ya no es posible asumir en Honduras las cosas a la carrera y sin meditar sus consecuencias, como ha sido costumbre entre quienes detentan el poder.

Esto obliga a los congresistas a ser más serios y responsables a la hora de los análisis para emitir una legislación que pone en riesgo los valores patrimoniales y el interés del pueblo y no actuar sectariamente a favor de intereses partidistas.

La otra es que el pueblo hondureño ya no es el mismo, que ahora analiza y piensa y que rechaza con su voluntad soberana los intereses de los poderes ocultos que se mueven en esas aprobaciones relámpagos a que ha estado acostumbrado el Congreso Nacional o el Poder Ejecutivo.

Aunque esto no parece importarle a los congresistas hay que remarcarlo:   es necesario un cambio de actitud, es necesario que actúen con responsabilidad y que al menos la mayoría  de diputados conozcan  bien lo que están aprobando.

Ellos dan la impresión de no aprender la lección y repitieron sus desaciertos parlamentarios con la legislación que crea la policía militar.  Faltó un profundo análisis, el consenso brilló por su ausencia  y no quedó muy claro si el Congreso, con  la participación de los milicos como policía  busca  fortalecer el poder  castrense en la vida de la nación, o agrandar la militarización del estado.

El objetivo de garantizarle a la ciudadanía la seguridad, los bienes y la vida de cada hondureño fue el  menos destacado en la discusión y aprobación de esa ley. Y por el mismo camino va la vertiginosa carrera que se ha emprendido para la elección del Fiscal  General y el Adjunto

El pueblo está atento a  todo este actuar legislativo,   pues lo que está en juego es garantizar la  seguridad de los ciudadanos.   Es necesario devolverle a los habitantes de este país la paz perdida y disipar la zozobra en que a diario vivimos donde la vida de cada uno pende de un hilo y eso no es poca cosa.

 Por ello,  cada paso que se de en materia legislativa debe proceder de  un análisis profundo que arroje como resultados  concretas y efectivas medidas que fortifiquen el clima de paz y justicia que anhela la población. No hay que seguir tropezando y continuar sobreponiendo los intereses partidistas o particulares sobre los colectivos.