Amy Goodman,
con la colaboración de: Denis Moynihan
El periodista ganador del premio Pulitzer José Antonio Vargas le puso
un rostro público a la crisis de la inmigración que atraviesa Estados
Unidos, tras haber sido detenido esta semana por la policía fronteriza
en McAllen, Texas.
Varias horas más tarde y después de protestas a nivel
nacional, Vargas fue liberado.
Dio a conocer por primera vez su
situación de inmigrante indocumentado hace tres años en un artículo
publicado en la revista New York Times y, desde entonces, su principal
tarea ha sido luchar por una reforma de la política de inmigración
estadounidense.
Vargas había viajado a Texas para apoyar a miles de
niños inmigrantes indocumentados que actualmente están detenidos allí
por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Muchos niños continúan huyendo de la violencia en sus países de
origen en Centroamérica, en busca de seguridad y teniendo que enfrentar
grandes riesgos en tierras lejanas.
En Estados Unidos, el problema suele
caracterizarse como una “crisis fronteriza”, pero no se trata de eso.
Estamos asistiendo al fracaso de la globalización económica y de la
política exterior de Estados Unidos, exacerbado por políticas de
inmigración inadecuadas e ineficaces a nivel nacional.
Las víctimas más
recientes de esta situación son los niños que llegan a través de la
frontera en busca de seguridad, pero, sin embargo, son cruelmente
encerrados en grandes galpones y trasladados en buses a otros centros de
detención.
En el trayecto, deben soportar las amenazas de hordas
extremistas que se oponen a la inmigración, para luego ser deportados a
sus países de origen, donde corren riesgo de vida.
Decenas de miles de niños cruzan la frontera desde México hacia
Estados Unidos, sin la compañía de adultos, tras recorrer miles de
kilómetros en condiciones muy peligrosas, a menudo viajando en los
techos de los trenes de carga que son controlados por bandas criminales.
Los trenes son conocidos como “La Bestia”. Los niños que se suben a
ellos deben pagar tarifas muy elevadas y a muchos de ellos los golpean,
los roban, los violan e incluso los matan en el trayecto hacia el norte.
Algunos tienen la esperanza de reencontrarse con sus padres en Estados
Unidos, otros son enviados al extranjero por sus propios padres para
evitar que sus hijos sufran la violencia endémica de sus ciudades
natales: lugares como San Pedro Sula, el centro económico de Honduras,
que actualmente es considerada la ciudad donde se registran más
asesinatos en el mundo.
El flujo de niños ha superado la capacidad del Gobierno de Estados
Unidos de hospedarlos y alimentarlos, y especialmente de brindarles el
nivel de atención que es adecuada para los niños refugiados. En
respuesta a esto, el Gobierno ha trasladado a los niños a diferentes
lugares en el suroeste del país.
Esta situación significó una oportunidad para los grupos xenófobos y
racistas de lograr la atención de los medios por haberse enfrentado a
los buses que trasladaban a los niños.
En la ciudad de Murrieta, en
California, un pequeño grupo de personas estaba protestando contra el
traslado de un grupo inmigrantes a esa ciudad.
Enrique Morones,
director de la organización sin fines de lucro Border Angels (Ángeles de
la frontera), se enteró de lo que estaba sucediendo y se dirigió de
inmediato al norte para verlo con sus propios ojos. Morones dijo en el
programa “Democracy Now!”: “Fue una escena horrible ver a los niños en
el bus y a sus madres llorando.
No hablan inglés, pero entienden el
odio”.
Enrique Morones comparó la escena con lo sucedido en Selma, Alabama,
50 años atrás, cuando la policía bloqueó el paso de la Marcha por el
Derecho al Voto y luego desató una feroz represión llena de odio:
“Quiero dejar bien claro que fue la policía de Murrieta, y no los
manifestantes, la que obligó a los tres buses a regresar.
Mientras los
buses se acercaban, la policía de Murrieta se interpuso y les impidió el
paso, algo que no tiene ningún sentido debido a que podrían haber
continuado su trayecto hasta la oficina de la policía fronteriza.
Así
que le pregunté a un oficial ‘¿Por qué detienen a los buses aquí?’ Y, a
continuación, un manifestante se acercó y otros lo siguieron y de los
cincuenta manifestantes que estaban allí, alrededor de la mitad se
pararon delante del bus, al igual que unos veinticinco o treinta
trabajadores de los medios, y comenzaron a golpear el bus.
Los
manifestantes golpeaban el bus con la bandera de Estados Unidos,
mientras gritaban insultos raciales”. Fue la intervención policial lo
que dio a pie a los manifestantes.
Todas las partes involucradas deberían prestar atención al mensaje
pronunciado esta semana por el Papa Francisco sobre, en sus propias
palabras, las “decenas de miles de niños que emigran solos, sin ser
acompañados, para huir de la pobreza y de la violencia”: “Es una
emergencia humanitaria que requiere, como primera medida urgente, que
los niños sean bien recibidos y protegidos”.
El Papa abordó otro asunto
fundamental en su mensaje: “Sin embargo, estas medidas no serán
suficientes a menos que estén acompañadas de políticas que informen a
las personas sobre los peligros del viaje y, sobre todo, que fomenten el
desarrollo en sus países de origen”, afirmó.
Estados Unidos tiene una larga y sanguinaria historia de
desestabilizar gobiernos democráticos en los mismos países que ahora son
la fuente de esta última oleada inmigratoria, especialmente Honduras,
Guatemala y El Salvador.
En las décadas de 1980 y 1990, los regímenes
militares y paramilitares, que contaban con el apoyo de Estados Unidos,
mataron a cientos de miles de ciudadanos en esos países. Los cárteles de
drogas de la actualidad son los herederos de esa cultura de violencia.
En Honduras, Estados Unidos apoyó el golpe de Estado de 2009 contra el
presidente electo democráticamente Manuel Zelaya.
Después de su
derrocamiento, dos regímenes sucesivos apoyados por Estados Unidos han
contribuido a lo que la catedrática de la Universidad de California Dana
Frank denominó “la intensificación de la violencia y la anarquía”.
Dana
Frank afirmó: “El golpe en sí mismo fue un acto criminal y realmente
dio paso a la corrupción generalizada de la policía y en todos los
niveles del Gobierno. Y eso significa que básicamente es posible matar a
quien sea, sin recibir un castigo por ello”.
José Antonio Vargas, que llegó a Estados Unidos como un niño
indocumentado hace más de 20 años, resumió la situación desde Texas:
“Cuando tienes nueve, diez u once años no sabes lo que significa que te
llamen ‘ilegal’.
No entiendes cómo el enfrentamiento político que está
ocurriendo afecta tu vida, pero esto es exactamente lo que ha venido
sucediendo.
El modo en que muchos medios de noticias y el modo en que
muchos opinólogos y el modo en que muchos políticos, en particular los
republicanos, hablan sobre esta crisis humanitaria es una afrenta a
Estados Unidos y a los estadounidenses.
Hace algunos días, el titular de
una noticia de CBSnews.com decía: ‘¿El aumento de los niños inmigrantes
ilegales es una amenaza a la seguridad nacional?’ Ese era el titular.
Estos niños no son ilegales, son seres humanos.
Y no son una amenaza
para la seguridad nacional.
La única amenaza que representan estos niños
es la amenaza de poner a prueba nuestra propia conciencia”.