Por Ramón Medina Luna
En 2012 el gobierno rompió la tradición de aprobar el presupuesto
en las últimas sesiones del Congreso Nacional en el mes de diciembre. Ese mes el
Poder Ejecutivo estuvo enfrentado manifestaciones de protesta de parte de
funcionarios públicos –particularmente maestros y otros, incluso alcaldes
municipales- que no habían recibido el pago de sus sueldos o las transferencias
municipales, aparte de suplidores y contratistas que tampoco habían recibido sus
pagos por entrega de insumos y materiales o por las obras físicas realizadas;
una clara muestra de que el gobierno atravesaba una grave situación de
insolvencia y no podía cumplir con sus compromisos presupuestarios. Adicionalmente,
a ese momento, también se había evidenciado que el presupuesto propuesto para
2013 presentaba un incremento significativo con relación al de 2012; lo cual,
lógicamente, demandaba un replanteamiento para evitar que la situación de
insolvencia se prolongara durante 2013. Consecuentemente, no resultó extraño
que el gobierno decidiera posponer hasta enero la consideración del nuevo
presupuesto, presumiblemente para efectuar una revisión del mismo y/o consultar
opiniones externas al respecto.
