Salto cualitativo

Por Víctor Hugo Álvarez

A medida que la vorágine de la muerte avanza en Honduras, van apareciendo las consecuencias no sólo emocionales y su impacto sicológico entre los parientes y amigos de las víctimas, sino el duro golpe que se les da a las familias de los asesinados, a la seguridad de las personas y, aunque se dude, a la economía del país.

Parece que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que ha jugado un rol importante para cuantificar las víctimas de la vorágine, ahora busca dar un paso  cualitativo en  su labor hacia una mayor investigación de los impactos de la barbarie que a diario vivimos.

Comenzamos a pasar entonces del impacto emocional a la parte más investigativa, esto hace prever que no sólo veremos el repudio ciudadano a la explotación de la muerte como noticia, sino a  las diversas consecuencias de esta escalada violenta en todas las actividades del país.

Los registros del Observatorio señalan que en el año 2012 se registró la muerte violenta de 7,172 personas. De ellas, 6,566 víctimas eran hombres, lo que representa  el 91.6 por ciento del total.

El número de víctimas entre las mujeres fue más reducido, pero no menos importante.  La violencia cobró la vida de 606, las cuales representaron el 8.4 por ciento del total de homicidios de ese año.

Pero aquí vine el detalle importante publicado en el reportaje del Diario La tribuna: “haciendo un promedio del rango de muertes de hombres de 18 años en adelante, se pudo contabilizar que en el 2011 murieron de forma violenta 6,115. De estos, 552 eran casados, 902 estaban viviendo bajo la condición de unión libre y de 4,701 no se supo el estado civil”.

La licenciada Migdonia Ayestas, directora del Observatorio, señaló esos datos y ahondando en ellos señaló la vulnerabilidad en que quedan las familias al perder el sustento económico del padre y se ven obligadas; “a buscar una fuente de empleo para sacar adelante a sus hijos. Otras salen del país porque tienen miedo a ser víctimas de los mismos malhechores”.

Los datos preliminares arrojan que son más de 12 mil viudas las que ha dejado la violencia, pero no se totaliza el número de hijos que han quedado sin padre, por ello, ¿qué significa esto para los hondureños? Simple y sencillamente mayor pobreza, ahondar la exclusión, más desintegración familiar, se eleva el nivel del trabajo infantil,  se merma la población económicamente activa  y se acrecienta la inseguridad jurídica y ciudadana y crece la impunidad.

Otro dato que llama poderosamente la atención, es que la mayoría de las víctimas  oscilan entre los 12 y los 35 años de edad. Están matando  gente joven y más allá del eufemismo que la juventud de hoy es la que asumirá las responsabilidades del mañana, hay que indagar cuales son las causas para que se ensañen contra este segmento poblacional.

Hay que ir más allá del simplismo de que los muchachos y muchachas en “algo andaban inmiscuidos”, esa aseveración sólo demuestra la poca importancia que les merece la vida de los jóvenes a quienes la expresan.

Ningún clima de zozobra es propicio para el desarrollo de los pueblos, al contrario la inseguridad y el miedo se convierten en un gran obstáculo  para frenar aspiraciones, iniciativas y perspectivas de lograr una mejor calidad de vida y opacan la sostenibilidad de los programas, planes y proyectos para avanzar en la superación de los grandes problemas nacionales.

Ese cruce de variables necesariamente coloca en el centro del análisis a la persona humana y su inviolable derecho a la vida. Tratar de desdibujar ese valor sería como hacer análisis sin determinar el objetivo de la investigación.

El impacto de la violencia en Honduras no ha sido analizado y por ello es necesario comenzar y el Observatorio de la Violencia es una entidad crucial para recabar datos fiables para concretar el estudio. Alguien ésta dando el primer paso, ¿quiénes lo seguirán?