lunes, 6 de enero de 2014

“Coman papel picado”, dijo el Congreso estadounindese a los desempleados

Amy Goodman y Denis Moynihan

¿De verdad deseamos comenzar el nuevo año retirando el seguro por desempleo a más de un millón de estadounidenses que perdieron su trabajo? El acuerdo presupuestario aprobado por ambos partidos en el Congreso y promulgado por el Presidente Barack Obama en la última semana del año protege el gasto militar pero promete empujar a quienes se encuentran en la situación más desesperada de nuestra economía a pasar aún por más dificultades financieras, obligando así a cientos de miles de familias a vivir por debajo de la línea de pobreza. La actual tasa de desempleo prolongado en Estados Unidos es la más alta que se haya registrado desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que el porcentaje de personas que perciben prestaciones por desempleo se encuentra en su punto más bajo en la historia. Al mismo tiempo, los banqueros de Wall Street no paran de descorchar botellas, para celebrar un año excepcional para la bolsa de valores. Mientras que los agentes de bolsa esperan sus gratificaciones de fin de año, muchos desempleados más irán a hacer fila para recibir asistencia social.


“Se trata, para nuestra economía, de una decisión equivocada en el momento equivocado”. Estas son palabras de Imara Jones, que trabajó para la Casa Blanca en el área de comercio internacional durante el gobierno de Clinton y actualmente escribe sobre justicia económica para el sitio Colorlines.com. “El seguro de desempleo es en realidad un estímulo para la economía, a la que, de hecho, le aporta mucho. Por cada dólar que se entrega a alguien por seguro de desempleo se genera un dólar y sesenta centavos en actividad económica”. La gente que vive económicamente al límite gasta lo que tiene para sobrevivir, pero quienes se encuentran en los estratos más altos de la sociedad, el 1% de más arriba, puede tomar sus ganancias y guardarlas o ponerlas en una cuenta en el exterior.

Históricamente, el programa de seguro de desempleo otorgaba a los trabajadores que pierden su empleo por motivos ajenos a su responsabilidad 26 semanas de pago en reemplazo del salario. La extensión de los beneficios promulgada por el Presidente George W. Bush prolongó el período de tiempo a 99 semanas. En promedio, los subsidios ascienden a sólo 300 dólares por semana. Según el periódico The Washington Post, la búsqueda de empleo lleva en promedio unas 35 semanas, por lo que las 26 semanas que se otorgan en la actualidad generarán una carga adicional de stress a familias que se encuentran ya en dificultades.

El Congreso podría renovar la extensión del subsidio por desempleo. El Senador demócrata de Rhode Island Jack Reed y el Senador republicano de Nevada Dean Heller presentaron un proyecto de ley por el que se mantendría la extensión de las prestaciones durante tres meses más. En un comunicado de prensa, Heller expresó: “Brindar una red de seguridad a quienes lo necesitan es una de las funciones más importantes del gobierno federal. La tasa de desempleo de Nevada se mantiene entre las más altas del país, por lo que muchas personas y muchas familias de mi estado no saben cómo van a hacer ahora para satisfacer sus necesidades básicas”.

A pesar de que esta propuesta proviene de legisladores de los dos principales partidos, se espera que los republicanos la bloqueen cuando se someta a votación de procedimiento alrededor del 6 de enero, salvo que se logre convencer a otros cinco senadores republicanos de que la apoyen. Aunque el proyecto fuera aprobado por el Senado, debería luego enfrentarse a la Cámara de Representantes, la cual se encuentra bajo control de los republicanos, que en general se muestran hostiles a este tipo de extensión.

En el otro extremo de la economía, se espera que una reunión de fin de año de la bolsa de valores defina las inmensas gratificaciones que se prepara a entregar Wall Street a sus ejecutivos. Según trascendió, las compañías más grandes de Wall Street destinaron más de 91.000 millones de dólares a los pagos extras de fin de año. En respuesta, un grupo activista llamado The Other 98% (El otro 98 %) lanzó una petición en la que llama a los empleados del Chase Bank, el Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America a donar sus gratificaciones de fin de año a los diez millones de estadounidenses desplazados por la crisis inmobiliaria.

Alexis Goldstein trabajó durante años en Wall Street y actualmente es la directora de comunicaciones del grupo The Other 98% (El otro 98 %). Durante un programa de Democracy Now! nos dijo: “Proponemos que se destinen 60.000 millones de dólares del dinero de Wall Street para financiar por dos años algo llamado Fondo Fiduciario Nacional de Vivienda. Se trata de un programa que fue creado por George Bush en el año 2008. Es un programa que, de obtener una financiación de 30.000 millones de dólares por diez años, podría poner fin a la situación de calle en Estados Unidos". Goldstein señala que las gratificaciones se financian básicamente con fondos públicos, dado que los bancos de Wall Street obtienen fondos de la Reserva Federal a tasas de interés muy bajas. Según dijo además, estos bancos pueden permitirse otorgar gratificaciones gigantescas porque, en sus palabras, “continúan cometiendo delitos muy rentables. Este año se llegó a un acuerdo millonario con JP Morgan. Fue un acuerdo por 13.000 millones de dólares, a consecuencia de hipotecas fraudulentas que vendieron durante la crisis inmobiliaria, hipotecas muy sospechosas presentadas de manera engañosa. Los inversores perdieron 26.000 millones de dólares en eso. Por lo que 13.000 millones suena como un gran acuerdo, pero en realidad es sólo una parte del dinero que perdió esa gente". Goldstein mencionó también un acuerdo de 300 millones de dólares por manipulación de tarifas de electricidad en California.
El problema de la desigualdad ingresó al debate nacional gracias al activismo del movimiento Occupy Wall Street. Su fría realidad económica comenzó a azotar esta semana a más hogares estadounidenses tras el vencimiento de las prestaciones por desempleo. El Congreso puede y debería renovarlas. Que lo haga depende de que haya gente que haga oír su voz.


© 2014 Amy Goodman

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