Amy Goodman y Denis Moynihan
Esta semana, el estado de Oklahoma torturó a un hombre hasta la
muerte. El martes 29 de abril, Clayton Lockett fue sujetado a una
camilla en la sala de ejecución del estado. A las 6:23 pm, ante una
habitación llena de testigos entre los que se encontraban doce
integrantes de medios de comunicación, se le inyectó en sus venas el
primero de tres fármacos. Ziva Branstetter, editora del periódico Tulsa
World, se encontraba entre los periodistas que observaban. Relataría
luego el suplicio de Lockett minuto a minuto:
“6:29 pm. Los ojos de Lockett están cerrados y su boca ligeramente abierta”.
“6:31 p.m. El médico revisa las pupilas de Lockett, coloca su mano
sobre el pecho del recluso y lo sacude ligeramente. ‘El Sr. Lockett no
está inconsciente’, dice [la Encargada de la Penitenciaría del Estado de
Oklahoma Anita] Trammell”.
Branstetter continúa el relato de lo que está presenciando:
“6:38 pm. Lockett está gesticulando, gruñendo y levantando
completamente su cabeza y sus hombros de la camilla... Parece estar
sintiendo dolor”.
Repentinamente, se cierran las cortinas, ocultando así la horrenda
situación que se desarrollaba en la cámara de ejecución, y se solicita a
los periodistas que se retiren. La muerte de Lockett fue declarada a
las 7:06 pm. Branstetter afirmó durante el programa de noticias
“Democracy Now!”: “Como una de los periodistas que fue testigo de lo
sucedido, me gustaría recibir más respuestas. Tengo planeado
solicitarlas hoy. Estoy segura de que el abogado a cargo presentará
varias apelaciones. El Departamento de Correccionales nos dijo anoche
que aún no han determinado si esto podría ser considerado como una
ejecución ya que murió de un ataque cardíaco 43 minutos después". La
mayoría de las ejecuciones de Oklahoma tardan unos seis minutos en
concretarse. Robert Patton, director del Departamento de Correccionales,
explicó posteriormente que la vena de Lockett “explotó”.
El “cóctel letal” que se usó con Lockett no había sido utilizado
nunca antes por Oklahoma. El mismo está compuesto de midazolam, como
sedante, bromuro de vecuronio, para detener la respiración, y cloruro de
potasio, para detener el corazón. Estaba previsto que Charles Warner
fuera ejecutado el mismo día que Lockett. Tras el terrible fallo en la
ejecución de Lockett, la Gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, suspendió
por catorce días la ejecución de Warner. El miércoles, al anunciar una
revisión de los procedimientos con inyecciones letales, Fallin expresó:
"No le he fijado al Comisionado Thompson una fecha límite para la
finalización de la revisión. Si no la completa para el 13 de mayo, se
emitirá un nuevo aplazamiento, llegado el momento. Si el comisionado
Thompson precisara hacer ajustes, o resultara necesario modificar los
protocolos de ejecución del estado, dicha tarea será realizada”. Si bien
la revisión que ordenó Fallin incluirá una autopsia de Lockett que
deberá ser llevada a cabo por un patólogo independiente, la revisión en
general estará a cargo de un integrante del gabinete de Fallin, por lo
que su carácter de “independiente” se está viendo cuestionado.
Lockett y Warner habían demandado al estado de Oklahoma alegando que
la confidencialidad respecto a la fuente de los fármacos y al cóctel a
ser utilizado en la ejecución infringía sus derechos constitucionales.
Una jueza de Oklahoma estuvo de acuerdo y emitió un aplazamiento de las
ejecuciones el mes pasado. Los magistrados de la Corte Suprema de
Oklahoma estuvieron posteriormente de acuerdo y emitieron su propio
aplazamiento el 21 de abril. El 22 de abril, la Gobernadora Fallin,
alegando que la Corte Suprema no tenía jurisdicción, ignoró los
aplazamientos y reprogramó las ejecuciones para el 29 de abril. Al día
siguiente, la Corte Suprema canceló su aplazamiento argumentando que, en
realidad, los reclusos no tienen derecho a conocer los químicos que
serán utilizados en sus ejecuciones.
Madeline Cohen representa legalmente al otro hombre condenado a
muerte, Charles Warner. Cohen sostuvo: “Después de que Oklahoma se
negara durante semanas a revelar información básica respecto a los
fármacos que se utilizarían en los procedimientos de ejecución de hoy,
esta noche Clayton Lockett fue torturado hasta la muerte”. Y agregó:
“Creo que intentan ocultar que todo salió terriblemente mal. Recordemos
que la ejecución se lleva a cabo mediante la colocación de vías
intravenosas en ambos brazos al mismo tiempo, y que se supone que dosis
simultáneas e iguales se introducen en ambos brazos, y que se supone
además que deben ser dosis bastante grandes de los fármacos. Por lo que
considero poco realista asumir que las venas de ambos brazos fallaron
simultáneamente o que le haya tomado tanto tiempo al médico actuante
constatar que una vena explotó, incluso después de que declaró que el
Sr. Lockett se encontraba sedado. Tiene que haber una investigación
exhaustiva, una investigación independiente y una autopsia independiente
o nunca sabremos lo que salió tan espantosamente mal”.
El fallido procedimiento de ejecución de Lockett tuvo lugar poco
después de un desastre similar en Ohio. El 16 de enero, a Dennis McGuire
se le aplicó un cóctel de dos fármacos. Su hijo, que también se llama
Dennis, fue testigo de su sufrimiento. “Mi padre empezó a jadear y a
luchar para respirar. Vi cómo su estómago hacía movimientos bruscos. Lo
vi intentar sentarse a pesar de las correas que lo sujetaban a la
camilla. Lo vi apretar los puños varias veces. Me pareció que luchaba
por su vida, pero se asfixiaba. La agonía y el terror de ver a mi padre
asfixiarse hasta la muerte duró más de diecinueve minutos”, sostuvo
Dennis.
Hay muchas más historias como estas. Los estados se desesperan por
conseguir los fármacos para las ejecuciones, ya que las compañías
farmacéuticas europeas se niegan a vender a los gobiernos estatales de
Estados Unidos cualquier fármaco que pueda ser utilizado en una
ejecución. El sitio web de noticias Colorado Independent obtuvo
documentos enviados por correo electrónico de los que surge que el
Fiscal General adjunto de Oklahoma bromeó con un colega de Texas
respecto a que podría ayudar a Texas a conseguir los fármacos a cambio
de entradas preferenciales para un importante partido de fútbol
americano.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte indica que, desde
1973, 144 personas que habían sido sentenciadas a pena de muerte fueron
exculpadas y posteriormente liberadas. Se trata de personas inocentes
que podrían haber sido ejecutadas. Un artículo incluido en la
prestigiosa revista de la Academina Nacional de Ciencias publicada tan
solo un día antes de la ejecución de Lockett sugiere que más del 4% del
total de reclusos sentenciados a muerte serían liberados si se dedicara
el tiempo suficiente para rever adecuadamente sus casos. Incluso en
aquellos casos en que la culpabilidad no está en discusión, se podría
argumentar sobre una base meramente económica. Ejecutar a un recluso
cuesta entre tres y cuatro veces más que mantenerlo encarcelado durante
toda su vida sin posibilidad de libertad condicional.
La mayoría de los países desarrollados han prohibido la pena de
muerte. Estados Unidos comparte la práctica de esta barbarie con países
como China, Irak, Irán y Arabia Saudita. Dado que muchos estados de
nuestro país llevan a cabo atroces experimentos con prisioneros, como en
el caso de Lockett, resulta de vital importancia recordar que la
Constitución prohíbe el castigo cruel e inusual. Lamentablemente, el
castigo cruel e inusual se está transformando en algo cada vez más
usual.
© 2014 Amy Goodman
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