Amy Goodman y Denis Moynihan
“Mi administración se compromete a crear un nivel de transparencia
del Gobierno sin precedentes”, escribió el Presidente Barack Obama el 29
de enero de 2009, apenas días después de haber asumido la presidencia. Y
agregó: “La transparencia fortalecerá nuestra democracia y promoverá la
eficiencia y la eficacia del Gobierno”. Hoy, tras seis años de mandato,
la “nueva era de transparencia del Gobierno” parece otra gran promesa
cínicamente incumplida.
Durante el “Sunshine Week”, el evento que la industria de los medios
de comunicación celebra cada año para educar a la población sobre la
importancia de la transparencia del Gobierno, Associated Press informó
que “el año pasado, más que nunca antes en la historia, el Gobierno
censuró partes de expedientes gubernamentales o directamente denegó el
acceso a ellos al público en virtud de la Ley de Libertad de Información
de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en
inglés)”. El informe de AP agrega: “El año pasado fue el peor desde que
Barack Obama asumió la presidencia en lo que respecta a los esfuerzos
del Gobierno de ser más transparente con respecto a sus actividades”.
La noticia no tomó por sorpresa a Ryan Shapiro, un estudiante de posgrado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) que acaba de entablar una demanda a nivel federal contra el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA,
por sus siglas en inglés) para intentar obtener registros públicos
sobre el papel desempeñado por Estados Unidos en el arresto de Nelson
Mandela en 1962, que lo harían pasar los siguientes 27 años en prisión.
Cuando sus solicitudes de información sobre Mandela, en virtud de la Ley
de Libertad de Información, fueron denegadas, Ryan Shapiro decidió
entablar una demanda. “Quiero encontrar estos expedientes, en primer
lugar, porque me interesa saber por qué la comunidad de inteligencia de
Estados Unidos consideraba a Mandela una amenaza a la seguridad
estadounidense y qué papel desempeñó la comunidad de inteligencia de
Estados Unidos en el boicot a la lucha de Mandela por la justicia racial
y la democracia en Sudáfrica”.
Cuando Shapiro presentó su pedido de información a la NSA
para obtener detalles del arresto de Mandela hace más de 50 años, la
agencia le respondió: “Con respecto a su solicitud de información de
inteligencia sobre Nelson Mandela, hemos determinado que la existencia o
inexistencia de los materiales que solicita es actualmente un asunto
clasificado”. ¿Medio siglo más tarde?
Shapiro también quiere obtener información sobre la inclusión de
Mandela en la lista de sospechosos de terrorismo de Estados Unidos hasta
2008, muchos años después de que fuera el primer presidente de
Sudáfrica elegido democráticamente y varios años después de haber
obtenido no solamente el Premio Nobel de la Paz, sino también la Medalla
de Oro del Congreso de Estados Unidos y la Medalla Presidencial de la
Libertad, condecoración otorgada por el presidente de Estados Unidos.
Le pregunté a Shapiro por qué quería obtener los documentos. “La
respuesta está relacionada con una concepción muy estrecha de la
seguridad nacional, esta concepción miope que antepone las alianzas
militares y el lucro empresarial a los derechos humanos y las libertades
civiles”.
Por su trayectoria, Shapiro tiene un interés personal en el hecho de
que el Gobierno califique a los activistas de “terroristas”. En 2002,
participó en un acto de desobediencia civil cuando se infiltró en una
granja donde se crían patos para la producción de foie gras: “Los
animales están encerrados en jaulas tan pequeñas que no pueden estar de
pie, ni moverse ni extender las alas, estas condiciones horrorosas son
la regla general en los criaderos industriales. Rescaté o robé
abiertamente a los animales de la granja industrial y realicé un
documental al respecto. Lo hice como un acto de desobediencia civil,
pero es un delito, por el que tuve que cumplir 40 horas de servicio
comunitario”. Desde entonces, buena parte de los estados del país han
ido aprobando las denominadas leyes ‘Ag-Gag’ que equiparan este tipo de
activismo por los derechos de los animales con actos de terrorismo y
pueden implicar penas de prisión severas.
Shapiro afirma que la tesis en la que está trabajando, titulada:
“Cuerpos en Guerra: animales, la libertad científica y la seguridad
nacional en Estados Unidos”, investiga “el uso de la retórica y el
aparato de seguridad nacional para marginar a los activistas que
protegen los derechos de los animales, desde el siglo XIX
hasta la actualidad ”. Para encontrar la respuesta a su investigación,
Shapiro necesita acceder a una gran cantidad de documentos públicos. Ha
presentado 700 solicitudes ante el FBI, en
virtud de la Ley de Libertad de Información, y está en busca de 350.000
documentos clasificados, lo que le ha ganado el mote del solicitante
“más prolífico” del Departamento de Justicia. Por su parte, El FBI calificó parte de su tesis como una amenaza a la seguridad nacional.
En 2008, cuando Barack Obama estaba en plena campaña electoral, era a
menudo presentado como catedrático de derecho constitucional. Como tal,
suponemos que estudió las obras de uno de los autores de la
Constitución, James Madison, el cuarto Presidente de Estados Unidos,
considerado el “Padre de la Declaración de Derechos”. Madison escribió
en 1822: “Un gobierno popular, sin información popular ni los medios
para obtenerla, no es sino el prólogo de una farsa o una tragedia, o
quizá de ambas”. Tras las revelaciones de Edward Snowden acerca del
amplio espionaje y vigilancia de la NSA y los pésimos antecedentes de falta de transparencia del Gobierno, el Presidente Obama ya ha sobrepasado trágicamente la farsa.
© 2014 Amy Goodman
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